Por: Redacción propia en base a información de Argenports y Todo Noticias.

El Gobierno nacional avanzará en la desregulación del transporte marítimo mediante un decreto que habilitará la participación de buques y tripulaciones extranjeras en el cabotaje nacional, modificando de manera estructural las reglas que regían históricamente esta actividad.

La normativa, ya redactada y lista para su firma, permitirá que la navegación, comunicación y comercio en aguas argentinas sean realizados tanto por buques registrados en el país como en el extranjero. Asimismo, se suprime la obligación de contratar tripulantes nacionales, permitiendo que las empresas empleen personal de cualquier nacionalidad, siempre que cumpla con los estándares internacionales de habilitación.

Impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto con el titular de la Agencia Nacional de Vías y Puertos Navegables, Iñaki Arreseygor, la medida busca reducir cargas burocráticas, aumentar la competitividad y dinamizar el comercio internacional.

Uno de los aspectos más controvertidos es la habilitación para que los armadores soliciten el cese de la bandera argentina sin que ello se considere una exportación, pudiendo registrar sus buques bajo bandera extranjera. En este marco, los buques extranjeros podrán operar en cabotaje hasta por 180 días, con opción de renovación, y se permitirá el alquiler de naves sin tripulación bajo tratamiento de bandera nacional, siempre que el buque no supere los 20 años de antigüedad.

Además, el decreto declara a la navegación marítima como un “servicio esencial”, lo que implica que deberá garantizarse un nivel mínimo de operatividad incluso en casos de conflicto laboral o huelgas. Aunque los sindicatos podrán ofrecer listados de personal a través de las bolsas de trabajo, la contratación será completamente libre por parte de los empleadores, sin obligación de recurrir a esas listas.

Esta apertura normativa ha generado fuertes reacciones en el sector: mientras algunos actores destacan su potencial para modernizar la actividad y hacerla más competitiva, gremios y empresas nacionales advierten por la pérdida de empleos locales y el debilitamiento de la Marina Mercante argentina.

En cuanto al horizonte temporal, la medida tendrá vigencia inicial por hasta diez años, permitiendo la reincorporación al régimen anterior sin costos en caso de revisión.

El Gobierno sostiene que esta desregulación forma parte de una estrategia para insertar más activamente al país en el comercio global, aunque los efectos concretos sobre el empleo, la inversión y la operatividad portuaria se irán verificando con el tiempo.