Por: Redacción por DataPortuaria - ComexLatam

A partir del próximo 9 de abril, el Estado argentino asumirá el control de las rutas nacionales 12 y 14, tramos fundamentales del corredor vial del Mercosur, tras el vencimiento del contrato de concesión que mantuvo durante casi tres décadas la empresa Caminos del Río Uruguay (CRUSA). La decisión de no renovar el contrato fue adoptada por el Poder Ejecutivo, que resolvió dejar expirar el acuerdo sin establecer una prórroga transitoria.

El tramo en cuestión abarca cerca de 700 kilómetros paralelos al río Uruguay, conectando Zárate (Buenos Aires) con Paso de los Libres (Corrientes). Se trata de un eje estratégico para el transporte internacional que vincula Argentina con Paraguay, Uruguay y Brasil, y que resulta clave para el movimiento de cargas, el turismo regional y diversas actividades productivas.

En un comunicado oficial, Vialidad Nacional informó que llevará adelante una auditoría técnica sobre el estado de la infraestructura y los bienes vinculados a la concesión. En caso de detectarse deficiencias o incumplimientos contractuales, se labrarán las actas de infracción correspondientes contra la empresa saliente.

La finalización de la concesión también genera incertidumbre sobre el destino laboral de unos 500 trabajadores, que quedarían sin empleo tras el traspaso. Según consignó el diario Clarín, fuentes gubernamentales consultadas en off señalaron que se trata de “un problema de la empresa que deberá resolverlo”, lo que sugiere que el Estado no intervendrá en la continuidad laboral del personal.

En paralelo, también se han expresado preocupaciones entre los usuarios frecuentes del corredor, ante la posibilidad de deterioro de la infraestructura. El Gobierno nacional ha ratificado su decisión de no ejecutar nuevas obras públicas, lo que podría condicionar el mantenimiento del trazado. No obstante, se anunció que se garantizarán tareas básicas de conservación, como desmalezado, bacheo superficial, remolques y mejora de señalización. Mientras el corredor esté bajo administración estatal, no se cobrará peaje.

Pese a que en febrero se llevó a cabo una audiencia pública para avanzar en una nueva licitación, aún no se han publicado los pliegos para los eventuales oferentes. Esta demora podría prolongar por varios meses la definición de un nuevo operador, manteniendo bajo gestión estatal un tramo crítico del sistema vial argentino.