El Decreto 37/2025, impulsado por el presidente Javier Milei, eliminó la obligatoriedad de contratar serenos de buques en los puertos argentinos, lo que desató un nuevo capítulo en la disputa entre Nación y la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof. Mientras el Ejecutivo Nacional defiende esta medida como parte de su agenda de desregulación, los puertos bonaerenses gestionados por consorcios provinciales, como Quequén y Bahía Blanca, decidieron avanzar con la contratación de serenos, desafiando lo dispuesto por el Gobierno Nacional.

En el Puerto de Quequén, la presidenta del Consorcio de Gestión, Lic. Jimena López, firmó una disposición que resalta la importancia de los serenos para garantizar la seguridad de los buques amarrados, las cargas y las áreas operativas del puerto. En línea con esta postura, López recomendó continuar con la obligatoriedad de los serenos en los términos del Decreto 890/80, que regía antes de la normativa nacional.

La Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval Delegación Necochea expresó su apoyo al gremio de Serenos de Buques tras la modificación del decreto nacional que elimina su obligatoriedad y ratificó su respaldo a la disposición de la presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Jimena López, para mantener la seguridad portuaria.

En Bahía Blanca, el impacto del decreto se vivió de manera directa con la llegada del buque Mount Taranaki. Inicialmente, las autoridades locales ordenaron no solicitar serenos, generando una reacción inmediata de los gremios, encabezados por el Sindicato Único de Portuarios Argentinos (SUPA) y el Sindicato de Serenos. Esto derivó en una asamblea que detuvo las operaciones hasta que la agencia encargada cedió y solicitó serenos, lo que permitió reanudar la carga.

El choque entre Nación y Provincia

La decisión del Gobierno Nacional de eliminar la obligatoriedad de los serenos se fundamenta en el argumento de fomentar la libre concurrencia y reducir costos operativos en el marco de un sistema económico más eficiente. Sin embargo, esta postura choca con la visión del Gobierno bonaerense, que prioriza la seguridad laboral y operativa en los puertos de su jurisdicción.

Axel Kicillof, crítico constante de las políticas de Milei, ha señalado que medidas como esta generan desestabilización en el ámbito laboral y afectan directamente la economía local. Según los gremios, los serenos son esenciales para la vigilancia de buques y cargas, además de ser un enlace clave con la Prefectura Naval Argentina.

El Consorcio del Puerto de Quequén destacó que esta desregulación pone en riesgo no solo la seguridad portuaria, sino también el sustento de cientos de familias que dependen de esta actividad. En Bahía Blanca, el conflicto dejó en evidencia cómo la falta de consenso entre las políticas nacionales y provinciales puede generar caos operativo.

Un conflicto gremial y político

El impacto de esta medida trasciende lo operativo y se convierte en un enfrentamiento político entre Nación y Provincia. Mientras Milei y su equipo defienden la desregulación como una herramienta para reducir costos y simplificar procesos, Kicillof y las autoridades bonaerenses cuestionan los efectos sociales y laborales de estas decisiones.

Por su parte, los gremios anticipan más conflictos si el decreto sigue vigente. El Sindicato de Serenos y el SUPA ya han advertido que no permitirán la eliminación de su actividad y preparan movilizaciones para garantizar su continuidad en los puertos bonaerenses.

El Sindicato Único de Serenos de Buques, representado por su secretario general Antonio Ivaldi, expresó su preocupación por las implicaciones de este decreto.

La entidad gremial solicitó la habilitación de la feria judicial para presentar un recurso de amparo con medida cautelar que suspenda la aplicación del decreto. Además, se iniciaron negociaciones con representantes de agencias marítimas y autoridades portuarias para mantener las funciones de los serenos de buques

Un rol invisible

Los serenos son habilitados por Prefectura después de cumplir requisitos y rendir un examen. Están en una lista de espera hasta que llega el llamado. Prestan sus servicios embarcados en un buque amarrado (con bandera de otro país) por ocho o doce horas y vuelven a sus casas cuando se activa el relevo. Cobran de las navieras hasta que el buque zarpa y vuelven a aguardar por una nueva demanda. En época de cosecha gruesa, el trabajo es frecuente. En temporada baja, pueden tener dos o tres días sin acción.