En el contexto de una reestructuración del sistema portuario y de navegación en Argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, firmó el viernes por la noche una resolución que establece medidas transitorias para garantizar la continuidad de servicios esenciales en el sector.

Esta decisión se da mientras avanza el proceso de disolución de la Administración General de Puertos (AGP S.A.U.) y la Subsecretaría de Puertos, y la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), un ente autárquico con mayores atribuciones.

El marco de esta medida es el decreto 3/2025, que dispuso la liquidación de la AGP y la transferencia de sus recursos y competencias a la ANPYN. La resolución firmada por Caputo responde a la necesidad de gestionar esta transición, en un contexto donde la nueva agencia todavía no está plenamente operativa. Según fuentes del Ministerio de Economía, el organigrama definitivo de la ANPYN está próximo a publicarse, aunque el avance hacia su implementación efectiva dependerá de la coordinación entre las estructuras existentes y los nuevos actores.

Lo que implica la resolución RESOL-2025-21-APN-MEC

La resolución, que entró en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial, establece disposiciones específicas para asegurar una transición ordenada en el sector portuario y de navegación, destacando los siguientes puntos operativos:

1.Administración temporal por el Interventor de la AGP: Mientras la ANPYN no esté completamente funcional, el Interventor de la AGP será responsable de mantener los servicios esenciales, incluyendo la gestión de recursos, bienes y contratos existentes. Se otorga al Interventor de la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (AGP S.A.U.) la responsabilidad de gestionar las operaciones esenciales mientras la ANPYN se organiza. Sus funciones incluyen: La administración de bienes y recursos que serán transferidos; El seguimiento de los contratos vigentes; La continuidad operativa de las actividades críticas relacionadas con el sistema portuario y de navegación troncal.

2. Reportes mensuales de avances: La AGP deberá informar periódicamente a la ANPYN sobre las medidas adoptadas en relación con su liquidación, incluyendo el traspaso de personal y la transferencia de activos y recursos. La AGP, a través de su Interventor, deberá presentar reportes mensuales a la ANPYN sobre: El progreso en la liquidación de la AGP. La AGP deberá desprenderse progresivamente de su personal, recursos y contratos, en un proceso supervisado y reportado mensualmente. La transferencia de bienes, activos, recursos y obligaciones. Los avances hacia la implementación operativa de la ANPYN.

3. Plazo limitado para la transición: La encomendación al Interventor tiene un plazo inicial de 180 días, con posibilidad de una única prórroga, siempre que las circunstancias que justificaron la medida inicial persistan. Se subraya la urgencia de acelerar la operatividad de la ANPYN.

4. Continuidad de servicios esenciales: Se busca evitar interrupciones en la gestión de actividades clave, como el tránsito por la Hidrovía Paraná-Paraguay y el funcionamiento del Puerto de Buenos Aires, hasta que la nueva agencia pueda asumir plenamente sus funciones.

Esta resolución, aunque operativa en su naturaleza, pone en evidencia la complejidad de reestructurar un sistema portuario que depende de múltiples actores y recursos.  La dependencia de una estructura en liquidación para garantizar la continuidad operativa es un reflejo de las dificultades administrativas que enfrenta el Estado en la transición. Además, la resolución no aborda explícitamente cómo se mitigarán los impactos laborales o los desafíos técnicos asociados con el traspaso de funciones y recursos.

En este escenario, el éxito de la medida dependerá de la capacidad del gobierno para ejecutar esta transición sin comprometer la eficiencia de las operaciones portuarias y de navegación, en un contexto donde los usuarios y actores privados del sector exigen certezas y estabilidad.