“Terminal Quequén”, empresa concesionaria del elevador de granos del puerto de Necochea aceptará la prórroga por un año que la presidenta Jimena López propuso al directorio, que tiene dos días hábiles más de plazo para responder.

“No hacerlo sería faltarle el respeto a los trabajadores y a los productores”, dijo el presidente de la Bolsa de Cereales, José Martins, en el marco de una entrevista realizada por Jorge Gómez a la emisora local “Voces de la ciudad”.

El anuncio de Martins implica un cambio de posición respecto de la semana anterior, cuando una parte del directorio, consustanciada con los intereses de la concesionaria, pretendía una prórroga de tres años, con la expectativa de que al final de ese plazo hubiera un cambio de signo en el gobierno provincial, que descartara definitivamente la idea de una nueva licitación. 

La prórroga de un año, en cambio, establece el plazo que se considera óptimo para elaborar los pliegos y fomentar la competencia entre distintos oferentes. "Esperamos que esta vez sí se trate de un pliego justo, ecuánime y razonable", dijo.

En su intervención, Martins dejó en claro que hubiera preferido que no se licite. “El modelo es el de Bahía Blanca”, sostuvo. “Allí los concesionarios de las licitaciones de los noventa fueron intercambiando inversiones por plazo de prórroga”. De hecho, recordó que la propia Terminal Quequén ofreció una inversión de 25 millones de dólares en infraestructura, a cambio de una prórroga mayor.

A la vez, uno de los ítems en disputa a la hora de redactar el pliego era el monto de las multas por inversiones comprometidas y no cumplidas. Sin embargo, Martins resaltó que “el campo es el único sector productivo que sigue haciendo negocios de palabra; para nosotros, la palabra dada vale”.

También reivindicó las privatizaciones portuarias realizadas por el menemismo y dijo que “no hace falta inventar nada nuevo ni contratar consultoras". "Basta con tomar aquellos pliegos y hacerle las actualizaciones que se consideren necesarias”, agregó. 

Aún retrocediendo, Martins, que un mes atrás criticó la cláusula de reserva de carga del 30 por ciento que la administración bonaerense aspiraba a incluir, diciendo que “no aprendieron nada de lo que pasó con la planta de GNL”, se permitió volver a criticar la idea. 

La reserva de carga es una figura por la cual el estado provincial, que en realidad es el propietario de las instalaciones, se reserva para sí un porcentaje de capacidad de almacenamiento y horas de operación, para facilitar la salida de los granos de los pequeños productores, que de otra manera deben aceptar los precios que les imponen los acopiadores.

Martins negó que la política hubiera metido la cola en la definición del futuro de la terminal, a pesar de que una semana atrás, algunos directores vinculados a las cámaras empresarias y entidades patronales agropecuarias intentaron despedir al gerente general del puerto, Fernando Ciancaglini, que responde al intendente, Arturo Rojas. Como saldo de las marchas y contramarchas, tanto Ciancaglini como Rojas salen fortalecidos, además de López. 

De las nueve sillas que conforman el directorio, dos representan a los sindicatos y uno al municipio. Los seis restantes responden a Coninagro, CARBAP y las distintas cámaras empresarias vinculadas al puerto. En algunos casos, como el de Daniel Arce, hay un conflicto de intereses que la autoridad portuaria se propone subsanar a la brevedad.

Arce, miembro del directorio en representación de la Cámara de Permisionarios y Concesionarios de Puerto Quequén, tiene a la vez un puesto jerárquico en la empresa concesionaria. Es decir, es controlador y controlado a la vez, posición que le permite acceso a información privilegiada.

El puerto de Quequén es el más importante de la provincia en la operación de granos. Por allí pasan cada año 7,5 millones de toneladas de cereal, que representan el 7 por ciento de las agroexportaciones argentinas. Necochea integra la quinta sección electoral y, de acuerdo al censo 2022, tiene 102 mil habitantes.