El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, se sumó este miércoles por la tarde al beneplácito que provocó de manera general en el campo y la agroindustria, la decisión de la Comisión Europea (CE) de pedirle al Parlamento que prorrogue la entrada en vigencia del Reglamento (UE) 2023/1115.

Se trata de la normativa que prohíbe el ingreso al viejo continente de mercaderías que no estén “libres de deforestación”, que iba a comenzar a regir a partir del 1° de enero próximo, y ahora el plazo pasó al 30 de diciembre de 2025 para grandes empresas, y al 30 de junio de 2026 para micro y pymes.

Tras las numerosas quejas de los países proveedores de materias primas –en el caso de Argentina, esta medida impacta en las exportaciones de soja, carnes y forestales–, la CE entendió la necesidad de prorrogar la implementación del reglamento.

Esto generó la celebración de las entidades que representan a las empresas agroexportadores y a los productores, y ahora fue la Secretaría de Agricultura la que opinó al respecto.

EL GOBIERNO ARGENTINO Y EL REGLAMENTO ANTIDEFORESTACIÓN

“Desde el inicio de la propuesta de reglamento, la Argentina expresó sus preocupaciones y cuestionamientos respecto a varios aspectos de esta medida unilateral, y presentó distintos reclamos ante la Unión Europea, tanto en forma individual como en gestiones conjuntas, con un grupo numeroso de terceros países, de manera bilateral y ante los foros multilaterales correspondientes”, repasó la dependencia que conduce Sergio Irate.

Entre esas gestiones, recordó como las más recientes la reunión bilateral del Comité Conjunto Argentina – UE en el mes de junio; la reunión del Consejo del Comercio de Mercancías de la Organización Mundial del Comercio en julio; la Declaración Ministerial del Consejo Agropecuario del Sur (CAS, conformado junto a Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay) publicada en la reunión del 27 de julio de 2024 en Buenos Aires y la nota remitida al Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Europea.

“En esa dirección, durante la última reunión del CAS celebrada en el marco de la Reunión de Ministros de Agricultura del G20, este Consejo decidió reclamar ante la Comisión Europea la respuesta a las notas enviadas. Además, Argentina trabaja coordinadamente en Bruselas con un grupo de países afines, junto a los que se firmaron 2 notas (julio 2022 y septiembre 2023) y se acordó la presentación de una nueva solicitud en estos días”, precisó Agricultura.

A grandes rasgos, lo que cuestiona Argentina es “la compatibilidad del reglamento con la normativa de la OMC, que exige que este tipo de medidas no se constituyan en una barrera encubierta con efectos distorsivos sobre el comercio internacional”.

“Se manifestó asimismo la preocupación por la falta de precisiones sobre la implementación del reglamento, que generaba incertidumbre entre los operadores comerciales, a solo tres meses de su posible entrada en vigor”, ahondó el Gobierno.

Ahora, se espera que el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo den el visto bueno a la propuesta de la Comisión, en línea con los reclamos realizados por Argentina y otras naciones del Mercosur, y también de otras regiones del mundo.

“Argentina propondrá ahora en el marco del CAS realizar acciones ante ambas instancias. El Gobierno Nacional continuará trabajando junto con los productores y exportadores de las distintas cadenas de valor para abogar por normativas y estándares acordes a la legislación internacional, que contemplen las distintas realidades locales y favorecer su inserción en los mercados mundiales ante el incremento de requerimientos basados en nuevos atributos”, prosiguió el Gobierno.

Y cerró: “En esta línea, se implementará un marco voluntario para facilitar el acceso a la información pública por parte de distintas herramientas de diferenciación que permitan dar cumplimiento a dichos requisitos”.