![Argentina acuerda bonificaciones a la tarifa que impuso en la hidrovía Paraná-Paraguay](./uploads/noticias/3/2024/09/cc09d7555e1099a3643361810b77408a716ce3d9.jpg)
![Argentina acuerda bonificaciones a la tarifa que impuso en la hidrovía Paraná-Paraguay](./uploads/noticias/4/2024/09/cc09d7555e1099a3643361810b77408a716ce3d9.jpg)
En la planta de Cargill, en Puerto General San Martín, ingresan en esta época unos 600 camiones por día. Durante la mañana, el camino que va a esa fábrica y a Terminal 6 estaba desolado, una postal que solo explica la contundencia del paro nacional en el sector agroexportador, clave para la entrada de divisas en este contexto de crisis. El reporte de la Bolsa de Comercio de esta ciudad exhibió una estadística que no se repitió en medidas de fuerzas anteriores: este jueves no ingresó un solo camión a los puertos, cuando el promedio de la semana anterior fue de 2829 vehículos cargados de granos por día.
El panorama en las 17 terminales portuarias que hay en el cordón norte del Gran Rosario y en las otras que están ubicadas al sur, como Dreyfus y la otra planta de Cargill, en General Lagos, mostraban que el paro nacional dispuesto por las tres centrales sindicales tuvo un fuerte impacto en un sector que es el que tracciona el mayor ingreso de dólares al país, y que además, se encuentra en plena temporada alta de cosecha gruesa.
En la mayoría de las plantas cerealeras se montaron piquetes para impedir el ingreso de camiones, aunque la protesta en ese sentido fue en vano, debido a que no había vehículos en la ruta dirigiéndose a las terminales. Los transportistas no salieron con carga de los acopios, porque sabían que no iban a poder descargar en los puertos. En el sector agroexportador evitaron hacer una evaluación del impacto económico de la medida de fuerza. Advirtieron que el ritmo de exportación se podrá recuperar en pocos días. De las terminales del Gran Rosario se exporta el 85% de los productos agropecuarios que se producen en el país.
Llamó la atención en el sector la decisión que tomó el gobierno de Santa Fe de prohibir la circulación de camiones durante la medida de fuerza de la CGT y CTA. En una disposición de la Agencia Provincial de Seguridad Vial dispuso la medida con el argumento de que los piquetes en el ingreso a las plantas iban a provocar serios trastornos en el tránsito.
“La situación que se espera para el día del conflicto gremial indica que el ingreso de camiones con destino a terminales portuarias a las que no podrán acceder generará largas y estériles esperas de transportes en rutas, muchas de ellas en las mismas calzadas, lo que generalmente obstruye directamente e impide la circulación del tránsito, perjudicando el transporte de bienes y personas, los traslados de emergencias, y provocando en reiteradas ocasiones un marco de inseguridad a partir del estado de indefensión en que quedan estos transportistas”, señala la resolución del ente provincial.
En las localidades donde se encuentran enclavadas las terminales portuarias enfrentan serios problemas con el tráfico de camiones en esta época. Ante la probabilidad de que se aglutinen camiones a la espera de descargar, como ocurrió en otras oportunidades, el gobierno dispuso prohibir la circulación de los vehículos de carga.
En el ingreso de la mayoría de las plantas en el norte del cordón industrial, como comprobó LA NACION en Terminal 6, Cargill, Vicentin y Molinos, entre otras, se montaron piquetes de trabajadores del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA). Solo en el predio de Cargill hubo un operativo de seguridad con agentes de Prefectura Naval. En el resto no había custodia, y un puñado de trabajadores mantenían la custodia del piquete, al calor de un par de cubiertas incendiadas.
En la fábrica de Cargill, en Puerto San Martín, los operarios habían quemado un tronco grueso en vez de cubiertas de autos, cuyo humo negro contaminaba y cubría a los manifestantes de hollín. Fernando Carrizo, delegado de la planta donde trabajan unos 300 operarios, explicó a LA NACION que la medida de fuerza “tuvo una adhesión total” en la empresa. Alertó que los trabajadores del sector, que tienen un sueldo inicial de 1.200.000 pesos, están con “bronca” por la posibilidad de que vuelva a alcanzarlos el impuesto a las Ganancias.
Tanto SOEA como la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina realizaron a fines de abril pasado una huelga que paralizó el sector en oposición a la reinstalación del impuesto a las Ganancias, entre otras demandas, como la reforma laboral. “Cuando la Ley Bases se trate en el Senado también vamos a parar”, adelantó Carrizo, que recordó que en 2020 los aceiteros de San Lorenzo mantuvieron un paro por 21 días en rechazo a la baja de un plus salarial. “Este no es un trabajo cualquiera. Ganamos bien, pero es sacrificado. Acá se cargan los barcos los feriados, durante Navidad. Nunca se descansa”, afirmó un operario.
Roberto, un jubilado que vende pan casero frente a la playa de camiones de Bunge en Puerto San Martín, no lo podía creer, sobre todo por su día magro en ventas. Una montaña pan en la mesa mostraba que por allí no había pasado casi nadie. La playa de camiones de esta empresa multinacional estaba desierta, cuando en esta época desborda de vehículos cargados con soja y maíz que provienen de distintos lugares del país.
En la planta de Vicentin el escenario era similar. Playas de camiones desiertas y un piquete con un reducido grupo de trabajadores en el ingreso. Allí decidieron el método clásico de encender cubiertas de autos. Un humo negro y denso se veía desde la autopista Rosario-Santa Fe. Gerardo Gómez, uno de los integrantes de la comisión directiva del Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo, afirmó que “el aumento salarial y lo que los trabajadores acumulan por horas extra se lo va a llevar ganancias”. Gómez explicó que “antes un trabajador aceitero accedía en dos o tres años a comprarse un terreno para construir su casa propia. Ahora ni siquiera alcanza para vivir en una zona donde el costo de vida es más alto que en Buenos Aires”.
No solo en las rutas y en los accesos a las plantas se pudo medir el paro, con la ausencia de camiones, sino también en el río Paraná con los buques a la espera de poder cargar. Frente a la costa de San Lorenzo esperaban en rada unos seis Panamax, cuyo costo de espera, según calcularon en el sector, es de unos 20.000 dólares diarios. Frente a una medida de fuerza que afecta a todo el sector no tienen alternativa. Porque también estaba paralizada la estiba. Ni siquiera se podía cargar en los barcos los granos y el aceite que estaba acopiado. Según confirmaron a LA NACION fuentes del Sindicato Unidos Portuarios Argentina (SUPA) y de la Cooperativa de Estibadores de Puerto General San Martín, todo el sector de carga y descarga se plegó al paro.
Fuente: La Nación