Marta Guariglia llegó a la presidencia de la Usina Popular Cooperativa “Sebastián de María” de Necochea en forma repentina e inesperada. Con el dolor de tener que reemplazar a su amigo Antonio Vilchez, que falleció, víctima del coronarivus, el 15 de abril de 2021.
Si bien conocía por dentro a la cooperativa eléctrica, ya que durante muchos años formó parte de su Fundación Educacional y era vicepresidente de la UPC, aquel fue un momento muy duro en lo personal y difícil en lo laboral. “Fue un golpe muy duro para todos, porque además de quedarnos sin presidente, perdíamos a un amigo”, recuerda hoy Marta a Data Portuaria, luego de mantener varias reuniones en su despacho.
En aquel momento, automáticamente pasó a ocupar la presidencia. Luego sería ratificada como tal en dos asambleas generales, siendo acompañada en el consejo de administración por otras dos mujeres en cargos importantes. Una es Pilar Vitale, como vicepresidente, y la otra es Terea Villaba, tesorera de la entidad desde hace muchos años.
Guariglia evalúa que en la actualidad a la mujer se la respeta en el rol que cumple en cargos ejecutivos. Como es su caso en la Usina Popular Cooperativa. “Hay muchas mujeres trabajando en la UPC, donde no influye la cuestión de género a la hora del trabajo. Por el contrario, existe una muy buena predisposición de los hombre con los que se comparte tarea”, afirma.
Oriunda de Necochea, Marta vivió durante 15 años en Italia y otros tres en Africa, para regresar a la Argentina en 1993. Inició una nueva vida por entonces y junto a su esposo, Ricardo Baliasnoy, instaló tiempo después un restaurante en la villa balnearia. Posteriormente fue convocada para participar de asambleas de delegados de la cooperativa eléctrica. Así comenzó su relación con la UPC en 1998.
FUNDACION EDUCACIONAL
Luego se incorporaría a la Fundación Educacional de la entidad, prácticamente al mismo tiempo que su primer presidente: el profesor Oscar Aramburu, quien tiempo después sería sucedido por Carlos Galván. “Tengo mi corazoncito en la Fundación Educacional”, recalca Guariglia, quien predidíó la misma hasta el año pasado.
“Me gusta trabajar en relación con la cultura, organizar encuentros, impulsar cursos, hacer que la gente puede tener acceso al aprendizaje, devolviéndole de alguna manera al usuario del servicio eléctrico lo que aporte, posibilitando su formación, tal como lo se hace en la Fundación Educacional”, añade.
Aclara que si bien los cursos que se brindan no son totalmente gratuitos, tienen un costo accesible. Esto es posible porque “al profesor no se le cobra absolutamente nada. Pero sí le pedimos que sea considerado al momento de fijar el valor de lo que le va a cobrar al alumno”. A cambio se le brindan las instalaciones con todos los servicios. Son muy diversas las actividades que se desarrollan. “Los profesores tienen puesta la camiseta de la Fundación Educacional”, reconoce.
Guariglia espera que, con el mejoramiento de la situación sanitaria vinculada con el Covid-19, puedan ir normalizándose estas prestaciones en la Fundación Educacional. Y confía, también, en que se reanude la realización del concurso literario Leopoldo Lugones, que fuera impulsado durante la presidencia de Carlos Galván. La pandemia hizo que se interrumpiera después de 18 ediciones. “Participaba gente de los más diversos lugares del mundo a través de Internet, se había hecho internacional. Este año, seguramente, se va a reanudar. Como así también las restantes actividades, incluyendo las muestras de pintura que hacíamos cada 15 días, contando con fuerte respaldo de la gente”, agrega.
DIFICIL SITUACION
Hoy, en la presidencia de la UPC, habiendo sido ratificada en el cargo en dos ocasiones, se siente respaldada por un consejo de administración al que define como “muy compacto” y manifiesta sentirse “muy acompañada”.
Evalúa que la situación actual de la UPC es “muy difícil”, dado el contexto económico. “Tenemos una tarifa que está planchada desde hace tiempo. Por lo tanto, los ingresos son casi los mismos. Y los insumos, valuados en dólares, han ido aumentando. Ha habido aumentos salariales. Y en estos dos años de pandemia, hubo usuarios que postergaron los pagos, cosa que se les permitió teniendo en cuenta la situación, por lo que hubo menor recaudación”, desbribe.
“Esperemos poder salir adelante. Trabajamos con mucho cuidado, hacemos las cosas despacio, realizando lo que se va necesitando”, sostiene Guariglia, añadiendo, con respecto a planes previstos, que “se necesita hacer líneas de pre-ensamblado, así como renovar la flota de vehículos, ya que el propósito es brindarle al trabajador la UPC las condiciones para haga sus tareas de manera segura, que si tiene que ir al campo lo haga en un rodado adecuado”.
Con respecto a la futura repotenciación eléctrica para Quequén, asegura que desde la UPC “ya se hizo todo los que debíamos”, estando ahora su concreción en manos del gobierno provincial, de modo que empresas que quieran instalarse cuenten con la energía necesaria.
Al igual que el resto de cooperativas eléctricas, hoy la mayor deuda de la UPC es con Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayoritario Eléctrico), de la que se proveen de energía. “Ellos saben cómo estamos y están soportando la situación, tienen conciencia de que no se normalizarán los pagos hasta que esto se revierta”, comenta Guariglia.
Si bien se tiene previsto un incremento tarifario, en el marco de medidas macroecónomicas, que sería de un 20% en el caso de la energía eléctrica, la presidente de la cooperativa advierte que también se viene una nueva negociación salarial en paritarias, a la cual en gran medida se destinaría esa masa de dinero.
No obstante las dificultades, hasta ahora la UPC ha podido afrontar el pago de salarios a los casi 200 empleados con que cuenta en el sector de energía eléctrica, a los que se suman otros 60 de los Servicios Sociales.
Los Servicios Sociales comprenden tanto la prestación de servicios de salud como de sepelios. “Sabemos que históricamente da pérdida, ya que no es fácil obtener rédito económico en salud, pero también es muy difícil tomar la decisión de cerrar las puertas. Primero, porque es un servicio que se presta. Y, segundo, que hay 60 trabajadores de por medio”.
Es por eso que, recalca, se hallan abocados a la búsqueda de alternativas para “remontar los Servicios Sociales”, en cuyas instalaciones de Avenida 42 y 57 están a punto de culminar la construcción de nuevos consultorios (sólo faltan detalles), los cuales se tiene previsto alquilar a profesionales locales.
