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Las consecuencias del aislamiento preventivo y obligatorio en la actividad económica de Bahía Blanca y la región

Desde el comienzo de la pandemia, la Unión Industrial de Bahía Blanca se propuso monitorear periódicamente la situación de sus asociados y las problemáticas generadas por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Durante 2020 se realizaron 3 relevamientos en diferentes momentos del año, relacionados no sólo con la situación general sino con temas puntuales como los pagos de aguinaldo y los posibles retrocesos de fase.

En 2021, el primer relevamiento del año realizado la última semana de febrero permitió comparar la situación del primer bimestre 2021 con igual período del año anterior (pre-pandemia). Esta segunda consulta, también realizada exclusivamente a empresas asociadas a la institución con una amplia cobertura de rubros y tamaños de firma, compara la situación actual con momentos previos y durante la pandemia, principales cambios en la empresa ocasionados por la misma, y problemáticas que afectan a los asociados.

Esta primera comparación permite entender claramente que la mejora relativa en el nivel de actividad se debe a la salida de la pandemia y consecuente comparación con las restricciones de hace un año.

Pero al comparar contra igual período previo a la pandemia, la proporción de empresas que se encuentra por debajo de la situación actual supera a las que mejoraron (saldo de respuesta -16%).

De modo similar, el aumento en el plantel de personal, consistente con el Índice de Demanda Laboral Industrial (IDELAI) obedece principalmente a la demanda contenida durante la pandemia y la posterior recuperación de los planteles. Respecto al 2019, casi no se observan cambios (saldo de respuesta +4%)

Las expectativas para lo que resta del año indican un mayor nivel de actividad, consistente con el resto de los indicadores locales y nacionales, pero no exento de dificultades, ya que todas las variables relacionadas presentan saldo de respuesta negativo, principalmente la conflictividad laboral (-19%).

Como consecuencia de la pandemia, los cambios más mencionados fueron la adopción de un protocolo de seguridad e higiene (en casi todos los casos, como obligación para seguir operando). Estos protocolos impactaron negativamente en los costos. Luego, mencionaron el trabajo remoto y cambios en los horarios, en una notable menor proporción. Los empresarios además advirtieron aumento en los niveles de stock, atrasos en el abastecimiento por parte de sus proveedores y aumento de licencias por COVID y personal de riesgo.

Pasada la etapa más complicada de la pandemia, casi un 70% de las firmas retornó al trabajo presencial en su totalidad, es decir, sin personal realizando home office. Del resto, la mayor proporción de los adoptantes ocupa a menos del 20% de su personal en estas tareas (en algunos casos en esquemas mixtos).

Se consultó especialmente acerca de la competencia no local en los sectores de actividad de los asociados, con la hipótesis de que la misma se incrementó cuando varias firmas de renombre, localizadas en los principales centros urbanos del país, salieron a captar nuevos mercados debido a la caída en el nivel de actividad. Un 35% de los consultados afirmó haber notado tal incremento (19% en forma leve y 16% en forma más intensa).

Respecto a las ayudas gubernamentales para el 2022, la necesidad más mencionada fue la reducción de contribuciones patronales. Un escalón más abajo, los créditos a tasa subsidiada para capital de trabajo. Seguidamente, las relacionadas con aspectos tributarios (moratorias en diferentes agencias recaudatorias y reducción de alícuotas de percepciones). Finalmente, en mucha menor escala, las asistencias para el pago de salarios, ya sea como ayudas directas o como créditos.

Como necesidades puntuales, algunos asociados también mencionaron créditos a tasa subsidiada para inversión, adecuación de tarifas y mayor flexibilidad para importar.

Finalmente, se consultó a los asociados acerca de las principales problemáticas actuales que afectan el normal desenvolvimiento de sus empresas. La prioritaria resultó ser la presión fiscal, al tope de las menciones. En segundo lugar la inflación, y luego, en orden muy similar, las regulaciones laborales, las cambiarias y la caída en la demanda.

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