La Ley de Fomento Agroindustrial, cuyo proyecto se halla en el Congreso Nacional, tendrá impacto en el distrito de Necochea, en caso de ser finalmente sancionada. Así lo aseguró Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, entidades que representan a los exportadores de granos y a la industria aceitera del país.
“Lo que va a hacer esta ley es potenciar una Necochea mucho más pujante y creciente”, recalcó el dirigente luego de señalar a Puerto Quequén como “clave” para el sector agroindustrial, acotando que los cambios climáticos están llevando a que puertos como el de Necochea cada día sean más importantes: hoy están cargando pellets de girasol en un barco que va a abastecer lo que Ucrania no puede hacer en este momento”.
También recalcó que “hoy hay una industria porcina y avícola en Europa que mañana no podrá seguir alimentando a sus animales si el barco no sale de Necochea, miren la importancia estratégica y geopolítica que tiene Necochea”.
Idígoras habló extensamente en Necochea sobre el Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”, iniciativa conocida también como Ley de Fomento Agroindustrial, cuyo proyecto se halla en el Congreso Nacional para ser tratado.
GENESIS DEL PROYECTO
La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo Nacional, luego de haber consensuado su texto con el Consejo Agroindustrial Argentino, que preside José Martins y del que Idígoras es secretario, habiendo participando activamente en encuentros con dirigentes políticos, diplomáticos y funcionarios del gobierno nacional. Aunque el texto final no satisfizo plenamente al sector empresario, ya que se eliminó, entre otras cosas, un capítulo referido a las retenciones a las exportaciones de granos.
En una misma jornada, Idígoras fue recibido por intendente Arturo Rojas por la mañana, siendo disertante por la tarde en la sede del Centro de Acopiadores de una charla sobre “Inversiones en producción, puertos y logística en Necoche y la región”; promovida por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Cámara de Profesionales de Puerto Quequén (Caproq).
Este régimen que propone el sector agroindustrial incluye una serie de beneficios impositivos, tendientes a facilitar inversiones y generar empleo, contemplando que se establezcan reglas de juego claras y sostenibles en el tiempo. El proyecto fue ingresado al Congreso Nacional a fines de diciembre de 2021 para ser tratado en sesiones extraordinarias. Pero como no las hubo, se prevé que se debata en sesiones ordinarias próximamente
Idígoras aseguró que “no es sólo un proyecto exportador”, sino también “productivo”. En ese sentido sostuvo: “Vamos a producir más. Por lo tanto, habrá más capacidad de consumo en el país: Pero hay que entender que el agro se desarrolla mirando los mercados internacionales. Cuanto más capacidad exportadora tengamos, menos restricciones para exportar tengamos, vamos a tener más garantías y mejores condiciones de abastecimiento en el mercado local”.
Enfatizó, además, que “si sale una ley de esta naturaleza, el agro no necesita subsidios para invertir, no necesita que venga el Estado a apañarlo: sólo requiere que el Estado no lo siga asfixiando”.
“EL PRIMER PASO”
Los integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino tienen el convencimiento de que esta herramienta constituiría “el primer paso”. Ya tienen en carpeta un proyecto de ley de riesgo agropecuario. “No puede ser que en la Argentina no tengamos un instrumento para asegurar nuestra producción”, acotó.
También promueven “la desburocratización de las importaciones”. En tal sentido, exclamó: “No puede ser que haya que hacer 78 trámites para darse de alta y cargar un contenedor en el país. Es imposible. El costo de la burocracia para exportar en la Argentina es superior al 12% de retenciones al maíz”.
Idígoras detalló el proceso de gestación de la iniciativa, así como el camino transitado para tratar de que tomara forma de proyecto de ley, siendo muy crítico con la dirigencia política, incluyendo a todo el arco ideológico, señalando que tiene un gran desconocimiento de la actividad agropecuaria y, en muchos casos, desinterés y prejuicios.
El dirigente destacó que el agro “es una fuente de ingresos a través de impuestos, siendo un contribuyente obligado, por lo cual la dirigencia política se rehúsa a dialogar.
“Ningún equipo económico de ninguna fuerza política sabe qué es el agro”, aseguró, señalando como ejemplo que dirigentes con los que se dialogó “no sabían qué es el ciclo ganadero, no entendían por qué no hay que pagar ganancias hasta que se venda el animal pesado en frigorífico. Pensaban que de un año para otro uno puede tener un novillo…”
APARTIDARIOS
A la hora de discutir, una de los obstáculos fueron ciertos prejuicios: “Creen que uno tiene interés político, que uno quiere ser diputado. En el Consejo Agroindustrial Argentino somos apartidarios. Somos políticamente defensores del agro y punto. Sólo queremos tener leyes en la Argentina que nos dejen producir, queremos que haya más empleo, más transformación, más industrialización, que haya paz social. Tuvimos múltiples reuniones y el 70% de ellas fueron para explicarles a los políticos qué es el agro. Después pasamos a discutir las medidas que proponíamos”.
Uno de las pretensiones del sector es que durante un plazo de 10 años se mantenga una estructura de impuestos permanente, de manera que se pueda proyectar a la hora de hacer inversiones. No hubo acuerdo, pero los empresarios confían en que esto pueda lograrse con el aporte de la oposición en el Congreso.
Teniendo en cuenta que “el Estado está fundido”, tal como recalcó Idígoras, se acordó que los beneficios contemplados en el proyecto de ley rijan para nuevas inversiones. Y se pensó en un sistema automático, desburocratizado, mediante el cual el productor pueda ingresar a su cuenta tributaria en AFIP, se dé de alta y sea beneficiario directamente, debiendo luego ese organismo controlar que el beneficio haya sido implementado correctamente.
A modo de ejemplo, indicó que “si sale esta ley, la ganadería va a tener beneficios específicos en invernada y en mejora genética”, en tanto que en materia de agricultura “habrá beneficios para usar más fertilizantes así como para la utilización de semilla certificada, cuestiones que no sólo promueven un beneficio para el productor, sino a una industria que tiene enormes problemas”. También se promoverán descuentos impositivos para productos fitosanitarios.
