La Comisión Directiva del Centro de Navegación, entidad que representa a los buques que realizan el transporte fluvio marítimo de cargas y pasajeros, publicó una solicitada dirigida al presidente Alberto Fernández y a su ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, advirtiendo públicamente los efectos nocivos para el comercio exterior que generaron las restricciones para acceder al mercado de cambios, y que impiden la normal remesa de los fletes percibidos por los agentes marítimos por cuenta y orden de sus principales.
En rigor, se refirieron a las comunicaciones “A” 7746, 7771 y 7789 del Banco Central, que perfeccionaron el cepo al giro de divisas con un “parking” temporal, así como también al reciente decreto 377/23, que aplicó el impuesto PAIS a los servicios de fletes y otros servicios de transporte prestados por no residentes.
Entorpecen y encarecen
Según recordaron, estas medidas “imponen un sistema completamente disruptivo” de la realidad global, “entorpeciendo y encareciendo las operaciones y flujos del comercio exterior, los cuales se cumplen en más de un 90% en todo el mundo, vía transporte marítimo”.
El nuevo régimen cambiario obliga a que las empresas argentinas que recaudan el pago de los fletes en pesos deban “guardarlos” por 90 días desde la facturación del servicio prestado para poder acceder al mercado de cambios y girar las divisas.
A esto se le agregan “60 días más por la exigencia de tener que contar con una SIRASE en estado “APROBADA” como requisito previo”, lo que además se dificulta por el hecho de que todas las empresas vieron reducida su capacidad económica financiera (CEF), es decir, el valor asignado por la AFIP a cada CUIT para poder tramitar las SIRASEs (permiso para contratar servicios del exterior).
Cuestionable
“Como corolario se agregó la aplicación del impuesto PAIS a los fletes, con una alícuota del 7,5% dispuesta por decreto, medida cuestionable no sólo porque aumenta los costos del transporte internacional (perjudicando al productor y al consumidor argentino), sino también porque invade atribuciones indelegables del Congreso, como es la de legislar en materia tributaria”, subrayaron.
“En el contexto reinante de inestabilidad cambiaria e inflación, resulta imposible que las agencias marítimas puedan absorber el riesgo cambiario e inflación durante el “parking” de noventa (90) días, más el plazo de sesenta (60) días que puede insumir la aprobación de la SIRASE, ya que ello erosiona el valor del pago del flete, lesionando el derecho patrimonial del armador del buque y colocando a empresas argentinas en situación de deuda con empresas extranjeras”, señaló la Comisión Directiva del Centro de Navegación.
La reacción de varias empresas fue cobrar el flete en el exterior, lo que llevó a que importadores y exportadores argentinos deban pagarlos a valor divisa en lugar de cancelarlo, como se podía antes de los cambios, en pesos y en el país.
El riesgo asociado a esta decisión corporativa es que las navieras opten por saltearse nuestros puertos como escala, complicando la planificación futura del comercio exterior y, a la larga, encareciéndolo.
Sacrificio del comercio exterior
Más allá de la comprensión sobre la situación de las reservas, el Centro de Navegación subrayó que se debe “evitar sacrificar al comercio exterior como resorte cortoplacista”.
Indicaron que “los planes económicos basados en medidas de restricción del comercio exterior, tales como cepo cambiario, retenciones a las exportaciones, control de precios, cierre de las importaciones, etc., todas ellas implementadas para administrar los desequilibrios económicos en las cuentas públicas y mitigar el sostenimiento del déficit fiscal, han sido implementados en la Argentina en múltiples oportunidades, habiendo fracasado en todos los casos, sin excepciones”.
Tras destacar la necesidad de revertir la situación actual, los agentes marítimos manifestaron que “la remesa de los fletes internacionales no debe quedar supeditada al previo y obligatorio cumplimiento de plazo o condición alguna. Toda esta situación, perjudica a los actores que conforman nuestra cadena logística y productiva, con aumento de costos y pérdida de competitividad tanto para la exportación como para la importación (productores y consumidores), lesionando la producción nacional y las economías regionales, produciendo desabastecimiento, pérdida de miles de puestos de trabajo e ingreso de divisas por millones para nuestro país, generando paradójicamente el efecto diametralmente opuesto al buscado por el nuevo sistema”.
