El Gobierno de Ecuador anunció que, pese a sus problemas legales con la petrolera Perenco, su capacidad para cumplir con sus obligaciones de deuda externa no se está viendo afectada.
En 2008, Perenco demandó a Ecuador por haber rescindido ilegalmente un acuerdo de producción compartido y, en 2021, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial falló a favor de la empresa.
El CIADI determinó que Ecuador debía pagarle a Perenco US$ 412 millones, aunque también le ordenó a la empresa a pagar una compensación en relación con el daño ambiental que causó en el país, dejándola con una indemnización neta de US$ 374,3 millones más intereses.
El año pasado, el presidente Guillermo Lasso se comprometió a respetar el fallo, el cual se debería haber realizado en julio de 2021. Sin embargo, esto no ocurrió y por ello un juez de Luxemburgo dispuso que 122 entidades bancarias congelen los activos en poder de Ecuador.
El Ministerio de Economía ecuatoriano explicó que el país ha “cumplido puntualmente” con los pagos de intereses y amortizaciones de bonos por US$ 185,7 millones, que vencían el 31 de julio. Además, argumentaron que aún no han cumplido con el fallo porque Perenco adeuda impuestos.
“El Estado ecuatoriano está actuando con responsabilidad con el fin de asegurarse la recuperación de lo que se le debe por impuestos (…) En ningún momento ha existido la intención del país de no cumplir con este laudo”, agregó.
Tras la pandemia del coronavirus, Ecuador reestructuró su deuda externa, de US$ 17.400 millones, gracias a las ventas de nuevos bonos con vencimiento en 2030, 2035 y 2040, que cotizan en la bolsa de valores de Luxemburgo.
